Como mujer latinoamericana y abogada, es un gran honor y asumo con mucha responsabilidad mi nuevo rol en Chambers and Partners, ahora como Editora de Chambers Latin America. Empecé en Chambers como investigadora, hace poco más de cuatro años. Luego me promovieron a investigadora senior, assistant editor y finalmente a deputy editor, para luego ser promovida a editora. Así, he pasado por todos los puestos del equipo editorial en Chambers y entiendo muy bien los desafíos que se nos presentan como miembros del equipo encargado de evaluar despachos, así como abogados y abogadas, en Latinoamérica.
Cualquier firma prestadora de servicios legales puede participar en nuestras investigaciones. No importa el tamaño de la firma, si se trata de una firma que presta muchos servicios legales o si se trata de una firma boutique, tampoco si se trata de una firma internacional o local. Nuestras investigaciones se dan por país y por área de práctica. La participación tampoco tiene costo alguno.
En cuanto a los requisitos para participar, básicamente sólo hay uno, y es el mismo para todas las jurisdicciones que cubrimos en América Latina. El único requisito es enviarnos sus submission documents. Así, básicamente las firmas tienen que entrar a nuestra web para revisar el calendario de investigación. Ahí pueden identificar según el país al que desean postular y el área de práctica, la fecha límite que tienen para enviarnos sus submission documents, que son dos documentos: uno es un formulario donde consta la información sobre el departamento de la firma; y el otro, es un listado de hasta 20 clientes.
Por ejemplo, si una firma de abogados mexicana quiere participar en nuestra investigación para el área de propiedad intelectual, deberá buscar en nuestra web el calendario de investigación y tomar nota de la fecha límite para enviarnos el formulario con la información del departamento de propiedad intelectual, y su lista de hasta 20 clientes. Nosotros, durante el periodo de investigación del área de propiedad intelectual, nos pondremos en contacto con sus clientes para pedirles su opinión sobre los servicios prestados por el despacho legal.
Yo creo que entre las principales razones se encuentra el equipo de investigación. En Chambers somos más de 200 investigadores que cubrimos diferentes jurisdicciones. Aún cuando existe un mecanismo de trabajo conjunto y colaborativo entre todas las guías en Chambers, en lo que se refiere al equipo a tiempo completo de América Latina, hoy, está formado por 21 personas de diferentes nacionalidades, entre abogados, lingüistas, comunicadores, periodistas, todos con un interés común en el mercado legal latinoamericano.
Una segunda razón, y no menos importante, es que nuestros rankings se basan principalmente en los comentarios que recibimos de los clientes de las firmas de abogados que nos son referidos. En tal sentido, la mayor parte de nuestra investigación consiste en entrevistar clientes, sea a través de llamadas telefónicas o, debido a un tema de tiempo, también solicitamos información a los clientes de las firmas a través de cuestionarios. Considerar a los clientes como el principal ingrediente en nuestra investigación, permite que nuestros rankings reflejen la realidad del mercado legal en cada jurisdicción que cubrimos.
Finalmente, también mencionaría como factor diferenciador al respaldo de la compañía. Chambers viene invirtiendo en utilizar la tecnología para la mejora de los procesos de investigación, y en la continua capacitación de sus investigadores, garantizando así altos estándares en nuestra investigación.
Por supuesto, en nuestras evaluaciones tomamos en consideración otras fuentes de información como son los submission documents - los documentos referidos anteriormente - y los comentarios de otros abogados; pero es la información que nos brindan los propios clientes de las firmas la que tiene mayor peso en nuestras evaluaciones. Eso me gustaría que quede súper claro, los comentarios de los clientes es la fuente de información más importante y vital para nuestros rankings.
El tema de diversidad e inclusión es un tema de relevancia global y en Chambers and Partners no estamos ajenos a su importancia, siendo uno de los valores claves de nuestra empresa. De hecho, Chambers cuenta con un departamento de Diversidad e Inclusión desde 2015, que antes se llamaba Chambers Women in Law y que se creó en el 2012. Nuestro departamento de D&I se encarga, no solo de garantizar un ambiente inclusivo dentro de nuestra empresa, sino que también busca difundir y ayudar a firmas de abogados y departamentos legales de empresas en temas de diversidad.
En cuanto a Chambers Latin America, y a mí personalmente, el tema de diversidad nos parece también medular. En tal sentido, durante la presentación de nuestra Guía 2021 – evento muy importante para nuestro equipo y para el mercado legal porque presentamos oficialmente los rankings –, compartimos data sobre cuántos de nuestros rankings para individuos eran ostentados por mujeres, en los diferentes países y en ciertas áreas de práctica. El objetivo de ello no sólo era comunicar a la comunidad legal que para nosotros es un tema relevante, sino que además quisimos llamar la atención del mercado latinoamericano sobre la baja presencia de abogadas en nuestros rankings, para así atraer discusión sobre el tema entre firmas legales y el mercado en general y, para que en un futuro no muy lejano, podamos contar con una mayor representación de abogadas en los rankings debido a que existe este reconocimiento a su gran trabajo por parte del mercado legal.
Efectivamente, aún cuando el porcentaje promedio de rankings ostentados por mujeres para Latam no es muy alto, 19%, México tiene el porcentaje más bajo de la región, menos del 10%. En Chambers ya veníamos trabajando en temas de lenguaje inclusivo, y este año comenzamos a recopilar data sobre presencia de mujeres en las firmas legales. Para el ciclo de investigación pasado ya habíamos introducido acciones en algunas jurisdicciones de Latam para garantizar un mayor número de entrevistas a abogadas. Este año, estas medidas las estamos aplicando para todas las jurisdicciones, incluido México.
Efectivamente, actualmente nos encontramos investigando para la guía Latin America 2022, que será publicada aproximadamente en setiembre del 2021. En el caso de México, el ciclo de investigación empezó en septiembre pasado y terminará en mayo 2021. Así, todavía hay oportunidad para que las firmas de abogados participen en diversas áreas de práctica. Los invito a que revisen nuestro calendario de investigación para que tomen nota de las áreas de práctica pendientes de investigar, el mismo que está colgado en nuestra web.
Actualmente cubrimos 23 áreas de prácticas, cubrimos secciones nacionales y regionales, Monterrey y Guadalajara.
En realidad esto aplica para todas las jurisdicciones, no sólo a México, y la respuesta es sí, es posible crear nuevas áreas de práctica. La idea es que nuestros rankings cubran todas aquellas ramas del derecho que se encuentran bien desarrolladas en un país. Nosotros, a través de nuestras entrevistas con abogados, tomamos conocimiento de aquellos vacíos que pueden existir en nuestra guía. También es posible que se eliminen rankings si es que determinada área de práctica deja de ser especialmente relevante. Los clientes son otra fuente interesante de información para esto, ya que siempre nos mantienen al tanto sobre si hay alguna área de práctica para la que requieren servicios legales pero que no encuentran en nuestros rankings.
Actualmente, en lo que se refiere a rankings, estamos analizando si el mercado legal se encuentra suficientemente desarrollado en las áreas de Protección de Datos y Venture Capital. Así, de considerarlo necesario, el próximo año podríamos tener rankings que cubran estas áreas. De otro lado, vemos también la posibilidad de realizar webinars de manera conjunta con firmas legales, de forma tal que podamos utilizar nuestra plataforma para tratar temas sobre legislación mexicana que son de gran interés para la comunidad legal nacional mexicana e internacional.
Durante el primer año completo de su administración y en lo que va de 2020, el poder ejecutivo del gobierno federal ha continuado con la implementación de políticas públicas de su llamado plan de transformación; enfocándose principalmente en la austeridad y la redistribución de fondos públicos a programas sociales, a Pemex y a ciertos proyectos controversiales que se están desarrollando bajo estructuras tradicionales de obra pública. A su vez, varios programas y políticas existentes en muchos sectores, incluyendo salud y energía, han sido cancelados o debilitados por medio de decretos administrativos u otras medidas.
También ha habido actividad en el Congreso, con una reforma constitucional que supone un cambio importante en el sistema educativo nacional, una polémica ley sobre extinción de dominio, una ley sobre austeridad y salarios de los funcionarios públicos, una reforma fiscal importante, así como legislación para cumplir con el recientemente promulgado Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Como contrapeso al poder ejecutivo, el poder judicial desempeñará un papel crucial al tener que tomar importantes decisiones con repercusiones en el actual clima político y económico, algunas de las cuales menciono más adelante. Además, debido a la pandemia del COVID-19, y después de haber suspendido actividades durante más de cuatro meses, es probable que los tribunales tengan que analizar numerosas controversias que dan lugar a criterios relacionados con cambio de circunstancias o imprevisibilidad, fuerza mayor y el efecto material adverso, así como un número importante de casos de incumplimiento e insolvencia.
Después de más de dos décadas con un promedio anual bajo pero sostenido de crecimiento del PIB de 2.5%, la economía de México no creció en 2019 y espera una fuerte contracción para 2020. La desaceleración fue causada en parte por la incertidumbre sobre el desarrollo de proyectos de infraestructura y energía, falta de inversión y disminución del gasto público. Si bien el consumo y las exportaciones han sido un factor de apoyo a la economía mexicana, la pandemia de COVID-19 ha acentuado la recesión, acompañada de reducciones en la calificación crediticia de México, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. El Banco de México ha reducido tasas de interés a su nivel más bajo desde 2016 para estimular la economía, pero se espera poco estímulo fiscal.
Las negociaciones sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá se completaron, con un protocolo de enmienda firmado el 10 de diciembre de 2019 que aborda disposiciones clave relacionadas con resolución de controversias, temas laborales, medio ambiente, propiedad intelectual y normas de origen relativas a acero y aluminio para la industria automotriz.
Los poderes legislativos de cada país han ratificado el nuevo tratado, que entró en vigor el 1 de julio de 2020. El protocolo incluyó un anexo para que México se comprometa a aplicar reformas laborales que fortalezcan la protección de los derechos de los trabajadores, incluidos los tribunales laborales independientes, la libertad sindical y la negociación colectiva efectiva, así como obligaciones de los patrones de establecer protocolos para prevenir el acoso, la violencia y erradicar el trabajo forzoso. Para cumplir con sus obligaciones de conformidad con el tratado, el gobierno federal ha puesto en marcha un plan de aplicación gradual de tres años en todo el territorio mexicano.
Asimismo, el Congreso ha aprobado reformas para hacer consistente las leyes de propiedad intelectual y derechos de autor con el acuerdo comercial.
Aunque se esperaba un plan de inversión del sector privado en proyectos de infraestructura y energía por parte del gobierno federal durante el primer trimestre de 2020, éste no llegó sino hasta principios de octubre, lo cual da algo de certidumbre al sector. Por otra parte, la Comisión Federal de Electricidad inició procesos de licitación para la construcción de cinco centrales eléctricas de ciclo combinado bajo una estructura de obra pública financiada, que se han suspendido sin fecha cierta para su reanudación. Aunque algunos proyectos privados de generación de electricidad han seguido desarrollándose, ciertas medidas y políticas emitidas por los organismos reguladores del sector y la Secretaría de Energía han alterado las normas relativas a las energías renovables y proyectos legados, y han puesto en riesgo la viabilidad de dichos proyectos. Algunas de estas medidas incluyen un mercado modificado de certificados de energía limpia, la limitación de las pruebas pre-operativas necesarias para conectarse a la red, la modificación de las normas de despacho, prioridad a las plantas de generación de energía no intermitente, restricciones o retrasos en la emisión y modificación de permisos y evaluaciones de impacto social y, en general, la imposición de limitaciones adicionales y el aumento exponencial de las tarifas de porteo para proyectos legados.
Por otro lado, hemos visto actividad en la licitación y adjudicación de asociaciones público privadas para el mantenimiento, rehabilitación y operación de carreteras federales de peaje en todo el país. Entre los proyectos insignia del gobierno, se han adjudicado los contratos para la construcción del Tren Maya en la mayoría de sus tramos.
Es probable que el poder judicial sufra transformaciones importantes como resultado de un proyecto de ley que se ha presentado en el Congreso. La iniciativa incluye la creación de una nueva academia de jueces, evaluaciones obligatorias, defensores públicos más eficaces, medidas contra el nepotismo, la corrupción y el acoso sexual en el poder judicial, la igualdad de género, un nuevo sistema para la creación de precedentes judiciales vinculantes y más tribunales especializados en diferentes materias.
Entre los fallos recientes más relevantes del poder judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó por unanimidad de votos la inconstitucionalidad de una reforma aprobada por el Congreso del Estado de Baja California -conocida como la “Ley Bonilla”-, que amplió el período constitucional del gobernador del estado Jaime Bonilla de dos a cinco años. Los partidos políticos de oposición presentaron una acción de inconstitucionalidad y la Suprema Corte dictaminó que la Ley Bonilla violaba los principios de seguridad jurídica, irretroactividad de la ley, democracia, certidumbre electoral y derecho al voto, confirmando que ciertas libertades concedidas a las legislaturas locales están limitadas por la revisión constitucional federal.
Otro fallo importante fue el emitido por un tribunal especializado en materia de competencia económica y telecomunicaciones, que confirmó la legalidad y constitucionalidad de la licitación pública para la adjudicación de un contrato de asociación público privada, relativo al despliegue de la Red Compartida, una red de telecomunicaciones pública compartida de 700 MHz.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha ordenado al Congreso que legisle: i) sobre el derecho de las comunidades indígenas a una consulta pública previa, libre e informada, sobre las medidas legislativas que puedan afectarlas, y ii) sobre el uso de cannabis medicinal.
Los tribunales también han estado ocupados con amparos presentados contra las medidas administrativas que afectan a proyectos de energía renovable y han dictado mandamientos judiciales para suspender sus efectos. Una de las más relevantes es una controversia constitucional presentada por la Comisión Federal de Competencia Económica contra la política de confiabilidad emitida por la Secretaría de Energía, por considerar que la misma viola los principios fundamentales de libre competencia establecidos en la Constitución. El Tribunal Supremo concedió una suspensión en espera de una resolución definitiva, considerando que la política afecta gravemente a la estructura económica del sector eléctrico, eliminando la posibilidad de operar en condiciones de libre competencia y eficiencia, así como de conformidad con las disposiciones legales vigentes aplicables.
A principios de este año se concedieron varios amparos a funcionarios gubernamentales cuyo salario se redujo como resultado de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, incluido uno concedido por la Suprema Corte a los funcionarios públicos de la Comisión Federal de Competencia Económica. Recientemente, en una decisión ampliamente criticada, la Corte también declaró la constitucionalidad de la consulta pública que pretende realizar el poder ejecutivo en relación con la probable responsabilidad de nuestros ex presidentes.
A partir del 1º de enero de 2020, entró en vigor una reforma fiscal con modificaciones en una amplia gama de temas, incluidas nuevas normas relativas a: i) la creación de establecimientos permanentes; ii) el tratamiento de ciertas inversiones realizadas a través de vehículos transparentes para efectos fiscales; iii) la deducibilidad de los pagos a no residentes sujetos a regímenes fiscales preferentes; iv) limitaciones a la deducibilidad de intereses para efectos del impuesto sobre la renta; v) modificaciones a las normas aplicables a los ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes que obtengan las personas morales mexicanas que inviertan a través de entidades extranjeras; vi) requisitos para las maquiladoras; vii) el régimen aplicable a operaciones comercio electrónico; viii) el régimen de los servicios de personal en materia del impuesto al valor agregado; ix) la compensación de saldos a favor de impuestos; x) las facultades de comprobación de las autoridades; xi) los esquemas reportables; xii) una nueva norma general anti-abuso; xiii) la responsabilidad solidaria de accionistas, administradores y liquidadores de entidades residentes en México; y xiv) un régimen más estricto para determinados delitos fiscales.
La Comisión Federal de Competencia Económica, en su calidad de órgano gubernamental autónomo, ha desempeñado un papel importante en la promoción de la competencia en varios mercados. Además de la acción de inconstitucionalidad contra un decreto de la Secretaría de Energía, la autoridad de competencia está investigando ciertos sectores estratégicos en México, como los sectores financiero, salud y licitaciones públicas. Se espera que haya más actividad en un futuro próximo. Por otra parte, el proceso de notificación y autorización de concentraciones ha mostrado importantes mejoras mediante la aplicación de un sistema digital, que simplifica el procedimiento desde el punto de vista documental y acorta el período de autorización en beneficio de los agentes económicos que participan en las operaciones que deben notificarse.
Tal y como se ha mencionado en otras presentaciones, la Reforma Energética en México (2013) significó un parteaguas sin precedente en nuestro país debido a su gran escala y profundidad. En esencia, creó un ecosistema de mercado en el marco de un robusto sistema de reguladores independientes. Su magnitud recibió reconocimiento global, incluyendo el de agencias especializadas como la Agencia Internacional de Energía de la OCDE.
Tras su reconocimiento de la Reforma Energética, la decisión del presidente López Obrador de no tocarla ha sido bien recibida por los mercados. Adicionalmente, el diseño institucional de la misma sigue en pie y funciona razonablemente bien, a pesar de los cambios en las políticas públicas, como la suspensión temporal de la las rondas de E&P y las subastas energéticas.
Sin embargo, el escenario económico para el primer cuarto del año y hacia adelante se ha ido deteriorando debido a la propagación de la pandemia de Covid-19 y la emergencia sanitaria declarada el 30 de marzo del 2020, que detuvo todas las actividades no esenciales, golpeando fuertemente el consumo y la inversión.
La Agencia Internacional de Energía indicó que “alrededor del mundo, billones de personas están siendo afectadas por la peor crisis sanitaria del último siglo. La economía global se encuentra bajo una presión no vista desde la Gran Depresión de 1930; los negocios están cayendo y el desempleo está en aumento”.
El reto para las compañías de petróleo y gas para confrontar la pandemia de Covid-19 es aún mayor debido al colapso global del precio del petróleo y su volatilidad; se espera que la demanda global de petróleo se desplome un récord de 9.3 mb/pd en 2020.
En respuesta, el grupo OPEC+ ha anunciado un acuerdo para cortar el suministro en 10 millones de barriles por día, lo que significa un corte mundial en el suministro nunca antes visto. Estas medidas no van a restablecer el balance en el mercado de manera inmediata, pero ayudarán a amortiguar lo peor de la crisis, cuyas consecuencias en el corto plazo son inciertas.
De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, las iniciativas impactarán el mercado petrolero de las siguientes maneras:
i) El corte en la producción dará un respiro inmediato a la sobreoferta, disminuyendo el pico de sobre inventario.
ii) La decisión tomada por China, India, Corea del Sur y Estados Unidos de ofrecer su capacidad estratégica de almacenamiento proveerá espacio extra para almacenar crudo, lo que ayudará a estabilizar el mercado.
iii) Otros productores podrían ver una caída en la producción para la segunda mitad del 2020, asegurando así que se regrese a condiciones de mercado más normales.
Evidentemente, el colapso global de los precios del petróleo ha impactado a la mezcla mexicana, que desde marzo se ha vendido a un precio por debajo de los 40 dólares por barril, alcanzando su nivel más bajo el 20 de abril, cuando el precio estuvo por debajo de -2 dólares por barril; esta situación contribuyó a que la calificación crediticia de PEMEX se fuera de “estable” a “negativa” en los últimos meses. Es por esta razón que la inversión de PEMEX en los siguientes años no será suficiente para alcanzar sus reservas de petróleo de 2019 y 2020, tomando en cuenta que la compañía petrolera cortará su presupuesto de inversión en aproximadamente 1.6 billones de dólares, enfocándose solamente en proyectos con altos márgenes.
El Fondo Monetario Internacional ha pronosticado que la economía mexicana tendrá una contracción del 6.6% en 2020, mientras que el Banco de México estima que la caída será del 3.99% en el mismo período, y se espera que el PIB tendrá un crecimiento no mayor al 1.8% en 2021.
Dentro de un contexto tan adverso, y a pesar de que el mercado energético mexicano no se vea tan atractivo como en años recientes, existen múltiples áreas de oportunidad a lo largo de la cadena de valor a ser consideradas precisamente en este momento donde la curva económica va a la baja. Es por este motivo que el inversionista astuto no debe perder de vista un instrumento positivo y vibrante de la Reforma Energética: el sector privado.
La estabilidad de la Reforma Energética, aunada a la materialidad y la eliminación del riesgo de múltiples campos, ha sido fundamental para las actividades de exploración y producción. Lo anterior, además de cerca de una docena de transacciones de tamaño considerable ya llevadas a cabo en el mercado secundario (por ejemplo, Shell/Chevron y Wintershall DEA/Riverstone’s Sierra), así como la infraestructura y servicios para campos petroleros requeridos para cumplir con los más de 60 planes de exploración y 30 programas de desarrollo, costa afuera y no costa afuera que suman billones de dólares de inversión garantizada por parte de compañías petroleras nacionales, internacionales y operadores independientes de cerca de 40 países.
En lo referente a proceso y almacenaje, han sido autorizadas más de 70 terminales de almacenamiento cuya capacidad alcanza 4.5 millones de barriles y con una inversión que sobrepasa los 5 billones de dólares. A pesar del escepticismo existente en lo que respecta a los planes del gobierno en cuanto a refinación, en este momento hay refinerías modulares privadas ya en espera de permisos. Las principales marcas globales son ya una realidad en el sector de venta al menudeo, donde más de un tercio del mercado hoy está ya en manos del sector privado. Las estaciones multimodales y móviles son parte de un nuevo enfoque de mercado en una industria que está en constante cambio. Como resultado del robusto enfoque hacia el gas natural que tuvieron los gobiernos anteriores, México está mejor conectado con la eficiente y abundante producción de recursos no convencionales en Estados Unidos. Un ejemplo de esto es el oleoducto marino de 80 kilómetros que beneficiará la actividad económica en varias regiones.
El sector eléctrico y los mercados renovables también están experimentando entradas frescas de la iniciativa privada. La Reforma Energética dio cabida a casi 100 nuevos jugadores, incluyendo generadores privados de más de 10 países. Las plantas de ciclo combinado, junto con energía solar (México será el segundo mercado de energía solar en menos de cinco años) y los campos eólicos están experimentando un aumento en la demanda agregada y, la obsolescencia del portafolio de generación de CFE. Este ecosistema en crecimiento – compuesto principalmente por el sector privado- necesitará movilizar más de 80 billones de dólares en inversión sólo para generación a lo largo de esta década. Tal y como sucedió en exploración y producción, han surgido atractivas oportunidades en el mercado secundario (por ejemplo, ENEL/CDPQ) y está tendencia continuará. La generación distribuida masiva y la electro-movilidad para el transporte público son tendencias que están creciendo rápidamente en México. Es seguro que tendremos desarrollos muy interesantes que reportar en estos dos campos en un futuro cercano.
Desde el punto de vista de protección a la inversión, bajo el T-MEC (nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá), que entró en vigor el 1 de julio de 2020, las inversiones en el sector de hidrocarburos y producción de energía eléctrica continuarán siendo protegidas ya que están contempladas en el Capítulo 14, Solución de Disputas entre inversionistas y el Estado; esto no sólo contempla tratamiento a nacionales y protección directa contra la expropiación, sino también protección contra la expropiación indirecta, lo cual significa que el requerimiento de agotamiento de recursos locales no aplica para energía. Esto debe ser visto como una señal positiva para las futuras inversiones regionales en el sector.
Finalmente, en abril del 2020, se actualizó el tratado de libre comercio entre México y la Unión Europea al incluir nuevas áreas comerciales, tales como energía y desarrollo sustentable, dando un valor significativo a los sectores de hidrocarburos y electricidad, lo que coadyuvará a que los inversionistas de la Unión Europea "aseguren su entrada al nuevo y liberalizado mercado mexicano de hidrocarburos y energías limpias, cuyo valor sobrepasa los 15 y 6 billones de dólares al año, respectivamente”.(2)
En su conjunto, el ecosistema creado por la Reforma Energética, ha demostrado ser el corazón de un esfuerzo de gran envergadura en la historia contemporánea de México. A pesar de la dificultad económica que se vive actualmente como resultado de la pandemia de Covid-19 y de algunas decisiones con respecto a la política energética tomadas por el actual gobierno, el sector energético llegó para quedarse. A fin de cuentas, esta evolución beneficiará a la economía y al consumidor.
1. https://www.iea.org/reports/oil-market-report-april-2020
2. New EU-Mexico agreement - The agreement in principle dated April 23, 2018.
México, la decimoquinta economía a nivel mundial y la segunda de América Latina, se ha posicionado como una jurisdicción atractiva para la inversión. Entre otras ventajas, tiene una posición geográfica estratégica y un capital humano de alta calidad (identificado por la OCDE y la OMC como una de las fuerzas laborales más trabajadoras a nivel mundial) para generar crecimiento económico. Entre los sectores que han demostrado ser un caso de éxito para la inversión en México, se encuentra el inmobiliario cuyas inversiones han dado altos rendimientos durante los últimos años, y el de exportaciones, que se ha mantenido en alrededor del 30% de nuestro PIB. Además, México tiene una economía centrada en la manufactura y orientada a la exportación, lo que según los expertos, lo hace tan atractivo como China para el comercio internacional, pero con una mejor ubicación geográfica.
A pesar de estas ventajas, la administración federal actual de México junto con sus políticas macroeconómicas, ha generado incertidumbre entre los inversionistas. Como ejemplo de esto cabe mencionar la contra reforma energética que afecta a un sector que venía generando importantes inversiones directas en nuestro país; la cancelación de importantes proyectos de infraestructura como el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México; diversos proyectos energéticos y fábricas; y la puesta en marcha de proyectos cuya viabilidad y utilidad han sido cuestionadas, como el Aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el Banco del Bienestar. Dicho lo anterior, también ha habido aspectos positivos de nuestro gobierno actual que merecen ser mencionados, como el inicio de juicios contra funcionarios públicos de administraciones anteriores presuntamente corruptos, y la conclusión de negociaciones del T-MEC, que entró en vigor en julio de 2020.
Según fuentes públicas, en 2019 hubo aproximadamente 170 transacciones de fusiones y adquisiciones en México, con un valor consolidado dentro del rango de los 16,000 millones de dólares. En este sentido, los sectores que mostraron mayor actividad de fusiones y adquisiciones fueron el sector industrial, financiero, minero e inmobiliario, seguidos por los de bienes de consumo, comercio minorista y tecnologías de la información. En el sector industrial se realizaron 24 transacciones, seguidas de 21 en el sector financiero y minero, y 20 en el inmobiliario. Dos transacciones significativas también involucraron operadores y desarrolladores de infraestructura. Durante 2019 no se lanzaron ofertas públicas de adquisición, ni ofertas públicas iniciales.
En un inicio, hubo opiniones encontradas entre expertos, en cuanto a las expectativas dentro del sector de fusiones y adquisiciones para el 2020. Por un lado, se esperaba que la actividad de fusiones y adquisiciones creciera debido a que los mercados tendrían más certeza sobre los objetivos estructurales del gobierno y los efectos de los mismos en la economía mexicana; la expectativa de un incremento significativo del gasto público; la entrada en vigor del T-MEC; la potencial baja de calificación de México, lo que llevaría a que ciertos fondos se vieran obligados a considerar la venta de sus inversiones en el país; y el mercado de compra que existiría a la luz de la recesión económica que ya se estaba produciendo desde inicios del 2020. Por otra parte, otros expertos esperaban una disminución en las transacciones de fusiones y adquisiciones, principalmente por la débil condición de la economía mexicana, que ha generado importantes disminuciones del gasto privado y una notable reducción del apetito de los inversionistas hacia México.
Durante el primer trimestre de 2020, la inversión extranjera directa en México creció un 1.7% con respecto al primer trimestre de 2019, por un monto agregado de aproximadamente 10,300 millones de dólares, de los cuales, el 76% derivó de la reinversión de utilidades (un comportamiento atípico), mientras que según la Secretaría de Economía, las nuevas inversiones ascendieron al 22% del total de la inversión extranjera directa. Las inversiones anteriores se realizaron en la industria manufacturera (44.1%), seguros y servicios financieros (25%), comercio (8.3%), generación de energía eléctrica, gas y agua (5.1%), minería (4.8%) y construcción (4.4%).
No obstante las expectativas antes señaladas, la pandemia causada por el Covid-19 ha afectado profundamente a la economía mundial, sin que México sea la excepción, creando un clima de incertidumbre económica adicional y condiciones económicas adversas para México, que actualmente se enfrenta a una profunda recesión cuyo pronóstico es de alrededor del 10% de nuestro PIB.
Dicho lo anterior, creemos que el contexto económico y geopolítico actual puede ofrecer oportunidades para ciertos inversionistas. Por lo tanto, también creemos que México seguirá siendo atractivo para la inversión, aunque tal vez de una naturaleza diferente (más de riesgo). En esa línea, se espera que la inversión directa en el país equivalga a 6,500 millones de dólares. Por otra parte, se prevé que la inversión extranjera directa llegará alrededor de 6,900 millones de dólares en 2021 y alrededor de 7,800 millones de dólares en 2022.
Entre los sectores que probablemente generen oportunidades interesantes de negocio para los inversionistas locales y extranjeros, destacan: manufactura y exportación, infraestructura a largo plazo, reestructuras e insolvencia, bancario y financiero (incluyendo Fintech), bienes de consumo y venta al por menor. En específico, el sector de tecnología, incluido el de Fintech, es muy probable que se mantenga activo y que continúe produciendo un efecto cascada en las transacciones de fusiones y adquisiciones, y de alianzas estratégicas en México y en el mundo.
Las oportunidades de inversión en México vendrán acompañadas de retos significativos para los inversionistas, tales como cambios en el marco legal actual, los efectos a largo plazo del Covid-19 y la confusión económica mundial, así como el ambiente político local en general, por lo que es importante que los inversionistas estén bien asesorados.
A 2 años de la elección del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que fue el punto de partida de una nueva era política y social en nuestro país, nos encontramos con muchos sectores industriales del país que aún intentan navegar y adaptarse a esta nueva realidad política. Particularmente, desde el punto de vista laboral, los cambios más relevantes que el país ha atravesado en el último año y que tendrán un mayor impacto en los próximos años, radican en: (i) la implementación de la reforma de la Ley Federal del Trabajo (LFT), que significó la modificación más profunda a dicha ley en los últimos 50 años y que implica una remodelación integral del sistema y proceso de justicia laboral, así como de las relaciones colectivas de trabajo entre sindicatos, sus agremiados, patrones y en última instancia en las correspondientes entidades de gobierno; y (ii) en la ratificación y entrada en vigencia del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual incluye un capítulo específico en materia laboral cuyo objetivo principal es nivelar e igualar las obligaciones y derechos laborales fundamentales entre México, Estados Unidos y Canadá. Asimismo, en esta nueva realidad jurídico-política, el gobierno ha identificado a la “subcontratación laboral” como un sector que, en un número relevante de casos probados, se ha utilizado para estructurar y fomentar esquemas de evasión y defraudación fiscal, mientras que al mismo tiempo ha socavado el acceso de los empleados a la seguridad social, vivienda y futuros derechos de pensión por jubilación. En este sentido, el gobierno ha promulgado leyes que abordan este tema desde el punto de vista fiscal, lo que acaba teniendo un impacto secundario e indirecto en el ámbito laboral. Finalmente, ciertas fracciones parlamentarias y sectores de la sociedad y la industria han presentado o apoyado diversos proyectos de reforma a la regulación de subcontratación laboral en México, trayendo de vuelta la discusión sobre la limitación de su uso generalizado y el tema de las obligaciones de participación en las utilidades de los empleadores, que en muchos casos se han eludido mediante diversas estructuras de subcontratación.
En la misma premisa de enfocar sus esfuerzos legislativos en el bienestar de los trabajadores mexicanos, el gobierno ha implementado normas de seguridad y salud destinadas a proteger su salud mental a través de la publicación de una regulación específica, la NOM-035, y la discusión actual en torno al Home Office o Teletrabajo junto con el derecho a desconexión digital, que son de extrema relevancia en la actualidad. Si lo anterior no fuera suficiente para mantener extremadamente ocupados al gobierno y a las empresas en su adaptación a este nuevo entorno legal altamente cargado, México, como el resto del mundo, está atravesando aún la tormenta pandémica ocasionada por el virus COVID-19, que es el evento atípico más relevante experimentado por el mundo en el último siglo y que, como hemos visto, tiene un impacto directo y profundo en las relaciones y políticas laborales en todo el mundo, no siendo México la excepción. En tal sentido, a continuación podrán encontrar una breve descripción de estos asuntos que generan nuevos desafíos para las empresas en México.
Después de la elección de Trump en Estados Unidos junto con la elección de López Obrador en México, las negociaciones en torno al tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá se reanudaron y finalizaron el año pasado, por lo que el T-MEC finalmente se firmó por los estados parte y entró en vigor el 1 de julio de 2020. Una de las condiciones planteadas por Estados Unidos para lograr la firma del T-MEC fue que México debía mejorar su normativa laboral e implementar debidamente la prometida y largamente discutida reforma a la Ley Federal del Trabajo que finalmente fue publicada el 1 de mayo de 2019.
A lo largo de su historia, la Ley Federal del Trabajo (LFT) ha sufrido varias reformas, siendo la última la Reforma Laboral de 2019, que en parte se produjo como consecuencia de las negociaciones del T-MEC, así como de la ratificación del Convenio 98 de la OIT por el senado mexicano, entre otros factores.
Dicha reforma trajo cambios significativos a la normativa laboral mexicana, incluido el establecimiento de un nuevo sistema de justicia, un nuevo enfoque y procedimiento para los asuntos laborales colectivos, así como reconocimientos y protecciones adicionales a los asuntos de derechos humanos laborales relacionados con el trabajo forzoso y la discriminación y violencia de género en el trabajo.
Específicamente, por lo que respecta a la modificación del sistema de administración de justicia laboral, la reforma crea nuevos juzgados laborales y un órgano administrativo de conciliación y registro laboral bajo nuevos procedimientos de conciliación, juicios y litigios. Esto significa que, a partir de la fecha de su inicio efectivo (2023), los conflictos laborales, ya sean colectivos o individuales, serán juzgados y resueltos por este nuevo sistema judicial dependiente del poder Judicial de la Federación, a través de tribunales laborales en reemplazo de las juntas de conciliación y arbitraje que dependen del Poder Ejecutivo del estado mexicano y, por otro lado, la conciliación de conflictos entre empleadores y trabajadores junto con el registro de sindicatos, contratos colectivos de trabajo, los convenios colectivos y reglamentos interiores de trabajo serán gestionados por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
Por su parte los sindicatos deben cumplir con nuevas obligaciones de transparencia y democracia sindical a través de modificaciones importantes a sus estatutos y procedimientos internos de votación de dirigente y, por su parte, los trabajadores sindicalizados deberán ser consultados antes de que se adopten o se acuerden las principales decisiones y negociaciones con los patrones, lo que está en consonancia con los principios de libertad sindical y organización establecidos en el T-MEC, el Convenio de la OIT y la ley laboral reformada.
En octubre de 2018, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó la “NOM-035-STPS-2018 Factores de riesgo psicosocial en el trabajo - Identificación, análisis y prevención”, cuyo objetivo es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial y promover un entorno organizacional favorable en el lugar de trabajo.
Dicha regulación requiere la implementación y creación de políticas de prevención de riesgos psicosociales en el lugar de trabajo, identificar a los trabajadores que fueron sujetos a eventos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo e implementar un mecanismo seguro y confidencial para recibir quejas sobre prácticas contrarias a un entorno organizacional favorable, por mencionar algunos.
Otro punto que consideramos importante mencionar, y que es una particularidad de México, es la subcontratación laboral, también conocida como outsourcing.
A pesar de las fuertes críticas y la supervisión del gobierno por el uso incorrecto y abusivo de dicho régimen legal por parte de ciertas empresas y proveedores de servicios, la subcontratación laboral sigue siendo una práctica generalizada en México.
En los últimos meses se han presentado varias propuestas de reformas a la LFT que implican modificaciones sustanciales al régimen de subcontratación laboral, con el objetivo de fortalecer la responsabilidad legal de dicha estructura organizacional.
Si estas reformas fueran aprobadas y publicadas, podrían emanar implicaciones importantes con respecto a la estructura corporativa y laboral de muchas empresas que actualmente operan a través de subcontratación y/o acuerdos similares.
En junio de 2019, se discutió inicialmente en el senado mexicano un proyecto de ley para regular la modalidad de Home Office o Teletrabajo dentro de la LFT, tema que hoy en día cobra aún más importancia dados los cambios que rápidamente se desarrollaron a partir de las actuales circunstancias sanitarias y el avance de las tecnologías de comunicación e información que permiten desempeñar el trabajo desde diferentes ubicaciones.
En la misma línea, el derecho a la desconexión digital y la privacidad en torno al trabajo a distancia también es trending topic, ambas iniciativas aún pendientes de pasar por el correspondiente proceso legislativo.
A raíz de la crisis sanitaria provocada por el virus H1N1 en 2009, se incorporaron a la LFT reglas específicas para abordar situaciones futuras similares y la posible suspensión del trabajo en circunstancias específicas. Tales disposiciones fueron puestas a prueba por la actual pandemia mundial provocada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), y el resultado fue que no eran aptas para afrontar este tipo de pandemias y largas suspensiones de actividades, dejando opciones muy limitadas para que los patrones se ocupen de las distintas consecuencias económicas. En tal sentido, la mayoría de los patrones tuvieron que innovar e implementar soluciones específicas para lidiar con la emergencia sanitaria mientras siguen intentando mantener la viabilidad del negocio y las fuentes de trabajo. Entre las medidas más recurridas por los patrones, encontramos la implementación del Home Office o Teletrabajo, los acuerdos sobre la modificación de las condiciones de trabajo, las licencias, la reducción de la compensación, entre otras.
Cabe señalar que estos hechos, circunstancias y medidas novedosas que se han dado este año, han generado nuevas formas de gestionar y regular el empleo en México y, no hay duda, de que servirán de base para futuros cambios e innovaciones importantes en el ámbito laboral. Se avecinan tiempos interesantes.
El premio Firma del Año de este año en México es para Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez. Después de revisar los testimonios del último ciclo de investigación, quedó claro que la firma realmente había impresionado favorablemente a las fuentes con su destreza transaccional en las prácticas derecho corporativo: fusiones y adquisiciones, mercado de capitales y derecho bancario y financiero, sin dejar fuera su sólido desempeño en derecho inmobiliario y derecho fiscal.
La firma cuenta con el respeto de sus clientes, y de abogados internacionales y locales en México.
Sintiéndose muy satisfechos con la enorme experiencia de la firma, los clientes comentaron: “Creel tiene equipos muy especializados según el tipo de asunto en el que esté involucrado, por lo que creemos que son abogados consistentemente bien calificados con gran experiencia en sus respectivas áreas. Son muy minuciosos y analizan los asuntos en profundidad, por lo que si se quiere cerrar acuerdos de cierto nivel, es importante tener abogados como ellos a tu lado”.
Al poner en primer plano el enfoque comercial de la empresa, otro cliente aprecia que “son una empresa pro-empresarial; los abogados no se involucran en cosas que puedan dañar a su cliente, sino que se enfocan en resolver el problema del cliente”.
Al comentar sobre el destacado servicio de esta empresa, una fuente dice: “Son excepcionales. Siempre están preparados y organizados, y se han ganado una gran reputación gracias a la calidad de su equipo de profesionales”.
Un cliente también destacó que “son un grupo de abogados accesible y con los pies en la tierra que trabajan sin arrogancia. Son abogados muy sofisticados y al mismo tiempo accesibles, fáciles de tratar y ansiosos por ponerse a trabajar”.
Otro cliente valora el enfoque comercial de MACF y señala que “después de haber trabajado con muchas firmas durante varios años, rara vez me encuentro con una que entienda a mi empresa como ellos los hacen”.
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