La pandemia global de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en México y ha acentuado desafíos como la pobreza y la desigualdad. Mientras salimos lentamente de la pandemia, ciertos indicadores positivos no pueden ignorarse, tales como la disciplina fiscal, una base manufacturera sólida, una balanza comercial positiva, acceso al tratado USMCA y otros factores que posicionan a México como el primer socio comercial de Estados Unidos.

El gobierno mexicano ha continuado la implementación de políticas públicas enfocadas a la austeridad, apoyos directos a ciertos sectores de la población y proyectos de infraestructura que incluyen un nuevo aeropuerto internacional en la Ciudad de México, una refinería y el tren interurbano (Maya) en la Península de Yucatán.

Asimismo, el Congreso ha aprobado iniciativas controversiales, tales como la reforma judicial que se menciona más adelante, la prohibición de la subcontratación de personal con la excepción de ciertos trabajos especializados fuera de la actividad económica principal de las empresas, y la creación de un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil que incluirá datos biométricos de usuarios con la intención de prevenir crímenes.

El poder judicial ha contrarrestado las acciones del gobierno, suspendiendo varios actos administrativos y legislativos a través de recursos constitucionales.

En el ámbito político, aunque el partido del gobierno actual controla ambas cámaras legislativas junto con sus aliados, perdió un número importante de asientos en la Cámara de Diputados en las elecciones intermedias que se llevaron a cabo en junio de 2021. La nueva distribución de en la Cámara de Diputados requerirá alianzas entre dos o más partidos para logar una votación por súper-mayoría de dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso que se requiere para pasar una reforma constitucional.

Entorno de Negocios

La pandemia de COVID-19 llegó en un momento en el que la economía mexicana ya estaba en recesión, causando una contracción económica de 8.3% en 2020. En 2021 ha habido una recuperación parcial y el pronóstico económico hasta ahora en 2021 es de una expansión de alrededor de 5%-6%. Dicha expansión se beneficiará de una recuperación fuerte de los Estados Unidos y tasas de interés bajas, apoyada por exportaciones de manufactura, un incremento en el consumo privado, remesas y la distribución de vacunas. Dentro de los sectores más afectados por la pandemia, se encuentran los sectores aeronáuticos y de hospitalidad que fueron afectados debido a restricciones para viajar y una caída en la demanda que ha obligado a las aerolíneas mexicanas a comenzar procedimientos de restructura, mismos que continúan en curso. La recuperación de la pandemia requerirá un repunte en la economía doméstica fuerte, y a pesar de que el Banco de México ha mantenido las tasas de intereses relativamente bajas, el gobierno federal no tiene planes de aprobar estímulos fiscales adicionales.

A diferencia de otros países, México ha mantenido una disciplina fiscal estricta lo que le ha permitido mantener un tipo de cambio estable junto con un alza en la inflación, como en otros países, que irá cediendo mientras se equilibran la oferta y la demanda. El Banco de México tendrá que caminar por un asendero estrecho para equilibrar la estabilidad financiera, crecimiento, inflación y el tipo de cambio.

Estamos siendo testigos de una recuperación económica fuerte en sectores como turismo y manufactura, así como de inversiones por parte de inversionistas institucionales nunca antes vistas en empresas de tecnología incluyendo fintech, logística y comercio electrónico. En adición, las restructuras de deuda que acontecen en varias industrias podrían resultar en un incremento de fusiones y adquisiciones en el corto plazo.

Energía e Infraestructura

El gobierno mexicano presentó un plan de inversión en infraestructura de casi EU$14 billones que incluye alrededor de 30 proyectos que van desde una concesión para reactivar un tren de conexión entre la Ciudad de México y Querétaro, así como inversiones en Pemex, aunque el plan aún no se emite oficialmente y no ha comenzado su implementación. El gobierno debería favorecer proyectos críticos para rehabilitar la red eléctrica y evitar riesgos en el suministro de electricidad para los próximos años.

Los órganos reguladores y la Secretaría de Energía (SENER) emitieron a lo largo de 2020 una serie de resoluciones administrativas centradas en favorecer a la CFE y eliminar incentivos para desarrollar nuevas fuentes de energía renovable. A comienzos de 2021, el Congreso tomó la medida más significativa en ese sentido al aprobar modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica, que busca principalmente cambiar el criterio y la forma de despachar electricidad para favorecer a las plantas convencionales de la CFE. En el sector de hidrocarburos, el Congreso modificó la Ley de Hidrocarburos para tratar de fortalecer a Pemex al imponer requisitos adicionales para que los particulares obtengan permisos, así como imponer nuevas causales de revocación de los mismos. Los juzgados federales han dejado sin efectos dichas modificaciones a través de amparos.

Con la reconfiguración del sector energético, en adición a los proyectos de generación y transmisión a ser licitados por la CFE, probablemente veamos un incremento en la generación distribuida y proyectos de abasto aislado para atender las necesidades de electricidad de usuarios industriales y comerciales.

Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA)

El tratado USMCA, que entró en vigor el 1 de julio de 2020, es substancialmente consistente con el tratado NAFTA que estuvo en vigor por veintiséis años. Sin embargo, incluye un número de actualizaciones tales como un nuevo mecanismo para resolver controversias entre inversionistas extranjeros y los Estados, nuevas reglas de origen y requerimientos de contenido regional, y en particular, un mecanismo laboral de respuesta rápida para la resolución de controversias por supuestas violaciones de derechos laborales que busca mejorar los derechos de los trabajadores en México y desincentivar a las empresas de EU para que muevan sus operaciones al sur de la frontera. Bajo dicho mecanismo, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y la Federación Americana del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) presentaron dos demandas en menos de un mes durante 2021 para determinar si se violaron los derechos laborales de los trabajadores de empresas de auto-partes en la frontera Mexicana.

Poder Judicial

El Congreso aprobó una iniciativa como parte de un esfuerzo por mejorar la eficiencia y reducir la corrupción en el poder judicial que incluye imponer evaluaciones obligatorias y crear una nueva academia judicial, entre otras medidas. También extiende por dos años el término del presidente de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura que administra los juzgados federales, medida que ha causado controversia por percibirse como una interferencia del poder ejecutivo en el sistema judicial, en violación a ciertos principios constitucionales como la autonomía del poder judicial y la separación de poderes.

Los cambios antes mencionados en el sector energético fueron impugnados ante los juzgados federales por particulares, ONGs y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) argumentando violaciones constitucionales como la libre competencia y libre concurrencia, la no retroactividad de la ley y seguridad jurídica, entre otros, y los juzgados federales han otorgado amparos que suspenden dichos cambios.

La implementación del padrón nacional de usuarios de telefonía móvil también ha sido suspendida por juzgados federales mediante el otorgamiento de amparos.

Otras novedades en el poder judicial incluyen la resolución emitida por la Suprema Corte declarando que la prohibición del uso lúdico de cannabis es inconstitucional.

Criterios Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (ASG)

La incorporación de México a una transición global a finanzas verdes y sostenibles así como los criterios ASG ha comenzado con la emisión de ciertas reglas aplicables a los administradores de fondos de pensión (AFORES) que entrarán en vigor en 2022, requiriéndoles hace un análisis ASG en sus inversiones. El Banco de México tiene la intención de emitir reglas para instituciones financieras que tomen en consideración riesgos ambientales y de cambio climático. También ha habido un incremento en la emisión de bonos verdes y sostenibles impulsados por bancos europeos.

Competencia Económica

Para atender los efectos de la pandemia, la COFECE emitió una política estableciendo una serie de criterios para permitir ciertos tipos de acuerdos de cooperación entre competidores y no-competidores, para efectos de mantener o incrementar el suministro, satisfacer demanda, proteger las cadenas de suministro, evitar escasez o acaparamiento de bienes, en el entendido de que dicha colaboración es temporal y por motivo de la pandemia, y no deberá tener efectos negativos en los consumidores. La COFECE ha puesto énfasis en los mercados de energía, transporte, finanzas y medicina para promover la competencia y apoyar la recuperación de la economía mexicana.

Fiscal

En 2020 y 2021 se realizaron una multitud de auditorías por parte de las autoridades fiscales para incrementar la recaudación, que es uno de los principales objetivos de la actual administración. Como parte de dichas acciones, la administración actual ha emitido reglas para divulgar información que entraron en vigor en enero de 2020; dado el alcance de estos cambios, aún no es claro como las autoridades fiscales manejarán el cúmulo de información que reciban.

La modificación de reglas fiscales sobre vehículos transparentes extranjeros entró en vigor en enero de 2021. Conforme a dichas reglas, los vehículos transparentes extranjeros tendrán, en principio, un tratamiento opaco para efectos fiscales en México, a no ser que dicho vehículo sea usado como un fondo de inversión privada y sujeto al cumplimiento de varias condiciones, incluyendo la obtención de un registro ante las autoridades fiscales.

La reforma laboral también incluyó modificaciones a las leyes fiscales para restringir los servicios de subcontratación de los cuales se abusó en el pasado en perjuicio de los empleados y el fisco. Después de meses de negociaciones, la ley promulgada en abril de 2021 establece requerimientos específicos bajo los cuales los servicios de subcontratación pueden seguir prestándose. La entrada en vigor de dichas modificaciones ha tenido un impacto significativo en la manera en que las empresas mexicanas realizan sus operaciones, lo cual ha ocasionado restructuras corporativas para poder cumplir con las disposiciones laborales y fiscales aplicables.

Finalmente, el poder ejecutivo continúa manteniendo su postura de que no habrá impuestos nuevos en el corto plazo, aunque se mantiene la incertidumbre en torno a la creación de un impuesto sobre herencias.