Durante 2020 y 2021, México, como muchos otros países, enfrentó las consecuencias en temas de salud y el impacto y desaceleración económica que resultaron de la pandemia mundial de COVID-19.

Esta pandemia agravó una situación económica ya debilitada en México, provocando una importante contracción económica. Al inicio del 2020, México ya estaba en recesión, debido, en parte, a la caída de las inversiones como resultado de la incertidumbre política y el endurecimiento fiscal.

Incluso, a medida que las economías reabren -independientemente de su tamaño, y ya sea en el sector formal o informal- la recuperación de la mayoría de las empresas e industrias sigue siendo incierta, ya que muchos continúan siendo cautelosos en cuanto a volver a un entorno físico.

La vulnerabilidad de México ante la pandemia se debió en gran medida a su débil sistema sanitario y a su gran dependencia del sector de servicios.

El gobierno anunció cierres prolongados en todo el país y restricciones en las actividades económicas no esenciales. Las empresas, entre otras muchas cuestiones, se enfrentaron a una disminución de sus ingresos y, en muchos casos, la necesidad de seguir incurriendo en gastos fijos, les hizo pasar apuros financieros e incumplir el pago de deudas y obligaciones comerciales.

Nuestros tribunales estuvieron cerrados durante casi tres meses y actualmente el funcionamiento de los tribunales federales, en lo que respecta a los procedimientos de insolvencia, sigue sufriendo muchas deficiencias debido a las restricciones de la pandemia.

A diferencia de muchos países, que respondieron rápidamente promulgando leyes de emergencia e implementando medidas relativas a reestructuras, derechos de s acreedores y procedimientos de insolvencia, México no implementó ni modificó sus leyes de insolvencia durante estos tiempos imprevistos.

Sumado a lo anterior, mientras que muchas economías contaban con el apoyo del gobierno que proporcionaba un alivio significativo a las empresas (garantías sobre préstamos y subsidios salariales para los trabajadores, estímulos fiscales y moratorias), este no fue el caso de México. El apoyo gubernamental al sector privado ha sido muy limitado. Se informa que México sólo ha gastado alrededor del 0,7% del PIB para hacer frente a esta crisis, principalmente proporcionando préstamos a los hogares de bajos ingresos, en comparación con, por ejemplo, el 8% del PIB en Brasil y un promedio del 4% en los mercados emergentes.

Evidentemente, la voluntad del sector bancario de reestructurar las condiciones financieras no ha sido suficiente y los efectos de este débil escenario económico continuarán durante un largo periodo de meses, obligando a las empresas en diversos sectores e industrias a evaluar su liquidez financiera y a definir planes de reestructura u optar por la insolvencia y la quiebra.

Ante la continua incertidumbre, consideramos que los efectos reales del grave colapso en todo el mundo, y en particular en nuestra jurisdicción, aún están por verse y evaluarse en su totalidad.

Las empresas tendrán que identificar ineficiencias, suspender operaciones no esenciales, optimizar sus actividades y negociar modificaciones a sus planes de negocio y las condiciones contractuales en el escenario actual.

Las empresas ya no pueden confiar en la suspensión de las obligaciones contractuales o en cualquier alivio concedido por los subsidios del gobierno. Tampoco pueden permitirse esperar a que se produzca una eventual recuperación con la continua incertidumbre sobre el alcance y la duración de la situación económica.

Al principio de la emergencia sanitaria, el consenso inicial preveía un aumento incuestionable del número de insolvencias y quiebras debido al impacto económico negativo de la pandemia.

Sin embargo, la evidencia ha demostrado que los casos de insolvencia y quiebra no han aumentado necesariamente y que en muchos países los casos de insolvencia incluso han disminuido desde el año pasado.

Esto se ha debido en parte a los programas de apoyo gubernamentales y del sector privado que mantuvieron bajas las tasas de insolvencia y quiebra durante el crítico periodo inicial de la crisis, mitigando la presión por restructurar.

Además, la nueva legislación en materia de insolvencia en muchos países y las barreras para iniciar los procedimientos de insolvencia (ya sea por la imposibilidad financiera de las empresas de afrontar el costo de iniciar un procedimiento judicial o por las suspensiones judiciales y las trabas operativas ordenadas por el gobierno) jugaron un papel importante. La insolvencia y la quiebra desempeñan papeles muy diferentes para las grandes y sofisticadas empresas en comparación con las pequeñas. Las grandes empresas pueden recurrir a un concurso mercantil para protegerse, mientras que las pequeñas a menudo sólo lo ven como un último recurso.

Sorprendentemente, algunas empresas podrán resistir la tormenta y se aprenderán algunas lecciones de esta situación.

Por ejemplo, el sector del comercio electrónico en México, que ya tenía una tendencia al alza antes de la crisis, registrando uno de los mayores índices de crecimiento del comercio electrónico en el mundo, se benefició de la pandemia, ya que los consumidores se informaron más y optaron por las compras en línea por razones de practicidad.

Sin embargo, aunque todavía no se ha producido el esperado aumento de las tasas de insolvencia y quiebra, estamos seguros de que la actividad restructuras se recuperará a medio y largo plazo, a medida que desaparezca el apoyo gubernamental y bancario. La insolvencia volverá a estar a la orden del día, sobre todo para los que operan en países o sectores muy afectados. La disminución de las ventas, la falta de suministros, el aumento del desempleo, las vulnerabilidades contables y los problemas de liquidez seguirán afectando a sus finanzas.

Los incumplimientos acabarán por acumularse y los bancos reforzarán sus disposiciones para deudas en incumplimiento y aumentarán las restricciones a los nuevos créditos.

Creemos firmemente que, más que nunca, el gobierno mexicano debe ayudar fortaleciendo el régimen de insolvencia, desarrollando mecanismos expeditos y un proceso judicial eficiente, para mitigar algunos de los peores efectos económicos de la pandemia y brindar a las empresas una oportunidad de supervivencia.

En México, la última investigación elaborada en 2021 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre el impacto causado por la pandemia del COVID-19 informó que 56 de cada 100 empresas consideraron que estarán en riesgo de insolvencia/quiebra en el próximo año si continúan operando en las actuales circunstancias económicas. Sólo el 3,8% de las empresas declaró haber recibido alguna ayuda económica.