Considerando los resultados de las elecciones intermedias de 2021, se analiza la actual política energética en México en el contexto de las futuras inversiones y comportamientos del mercado hacia el final del sexenio presidencial.
Colaboración de David Enríquez, Érika Roldán y Jorge Sandoval, miembros de Goodrich, Riquelme y Asociados, Ciudad de México.
A pesar de los anuncios previos del presidente López Obrador en el sentido de mantener intacta la Reforma Energética de 2013, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, junto con ciertas políticas y normas recientemente emitidas por el gobierno federal, cambiaron el rumbo del sector energético mexicano. Esto, en relación con el impulso de las reformas pertinentes a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de la Industria Eléctrica durante 2021, tienden a fortalecer a las empresas productivas del Estado (PEMEX y CFE) y tienen como objetivo cambiar sustancialmente la forma en que se está implementando la Reforma Energética. Al mismo tiempo, los esfuerzos por centralizar los procesos de toma de decisiones han hecho que los organismos reguladores del sector energético (CRE y CNH), sufran reducciones en sus asignaciones presupuestarias y de personal a favor de la Secretaría de Energía.
Datos reportados por la Secretaría de Economía reflejan que, al cierre de 2020, PEMEX cerró con 7,468 estaciones de servicio, lo que representa una disminución de un 37% (treinta y siete por ciento) desde 2016; su mejor año en este aspecto. Además, se ha perdido el 49% (cuarenta y nueve por ciento) de las importaciones de diésel (es decir, 74.630 barriles diarios de 145.700). En comparación, el 30% (treinta por ciento) de las importaciones de gasolina correspondió a 14 empresas privadas que importaron 106,670 barriles diarios y 5,600 barriles diarios de turbosina, lo que impactó el 25% (veinticinco por ciento) de todo lo anterior ya que el sector privado se ha concentrado ahora en este mercado desde 2016, cuando la Reforma de 2013 permitió la entrada de entidades privadas al sector. Para reposicionar la participación de PEMEX y CFE en el mercado, las reformas actuales tienen como objetivo fortalecer a las empresas productivas del Estado. Desde el punto de vista político de la actual administración federal, estas empresas estatales se han visto afectadas económicamente por la Reforma Energética de 2013. Por ello, para rescatarlas de los efectos adversos y las pérdidas económicas, la nueva reforma les otorga beneficios sin imponer una monopolización de la industria.
En cuanto al sector de petróleo y gas, el 4 de mayo de 2021 se publicó una reforma a la Ley de Hidrocarburos que, en términos generales, afecta al transporte midstream y al downstream. Cabe destacar que esta reforma contempla, entre otros, los siguientes aspectos: I) para obtener los permisos de operación el interesado debe demostrar suficiente capacidad de almacenamiento; II) la CRE y la SENER (Secretaría de Energía) pueden suspender los permisos que hayan sido otorgados a entidades privadas y permite a las empresas estatales hacerse cargo temporalmente de las operaciones privadas de los permisionarios, mediante la causa de preservar "...la seguridad nacional, la seguridad energética o en beneficio de la economía nacional".
Por otro lado, las subastas para adjudicar contratos de E&P (Exploración y Producción) siguen suspendidas. Sin embargo, los privados a los que se les adjudicaron contratos en rondas anteriores siguen operando sus plantas, y se están realizando transacciones en el mercado secundario entre las CPI (Compañías Petroleras Internacionales).
Con respecto a PEMEX, su meta establecida es generar 2.65 millones de barriles por día (MBD) en 2024, creciendo desde 1.6 (MBD) en 2018, todo ello sin generar deuda adicional a la empresa. En cuanto a las refinerías, se invierten entre 10 mil y 12 mil millones de pesos anuales para mejorar el mantenimiento de las instalaciones para sostener e incrementar la producción de gasolina y diésel. Como resultado, en febrero de 2021, las refinerías de PEMEX alcanzaron el 44% (cuarenta y cuatro por ciento) de su capacidad; un avance significativo respecto a años anteriores.
Se espera que el mercado downstream de petróleo y gas en México tenga una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de menos de 1.43% (uno punto cuarenta y tres por ciento) en el período de 2020 a 2025. Ello, se debe a la elevada demanda de gas natural y a las inversiones sustanciales en terminales de gas natural licuado (GNL), como las refinerías. Sin embargo, el persistente descenso de la producción en el país tiene preocupados a los inversores.
En cuanto al sector energético, el 9 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma la Ley de la Industria Eléctrica. La principal modificación consiste en dar prioridad a la generación propiedad de la CFE, comenzando por las instalaciones hidroeléctricas, seguidas de sus centrales térmicas y, por último, la eólica de propiedad privada. La energía fotovoltaica y los ciclos combinados de propiedad privada tienen la última prioridad. Expertos e inversionistas privados han concluido que esta reforma tiene como objetivo directo, fortalecer la participación de la CFE en el mercado. La reforma propone otros cambios relevantes: I) la eliminación de la obligación de la CFE (en su papel de Suministrador de Servicios Básicos) de comprar energía sólo mediante subastas; es decir, ahora se permite a la CFE determinar por sí misma los medios y métodos de compra de energía. II) La emisión de Certificados de Energías Limpias no depende de la fecha de inicio de operación comercial de las instalaciones de generación de energía, lo cual afecta el incentivo de invertir en nuevas plantas de generación, al desaparecer el beneficio económico de los Certificados, inherente a la nueva infraestructura; e III) instruye a la Comisión Reguladora de Energía de México a revocar los permisos de autoabastecimiento.
En ese sentido, algunos expertos han mencionado que la referida reforma está cambiando negativamente las reglas del mercado eléctrico mexicano al limitar la libre competencia y favorecer a la CFE. En este sentido, diversos organismos y asociaciones comerciales mexicanas han expresado su preocupación y han iniciado acciones legales internas.
Ciertamente, el conjunto de reformas del actual gobierno federal parece favorecer a las fuentes tradicionales de generación. Sin embargo, el poder judicial se ha encargado de confirmar los derechos adquiridos y la no discriminación de las tecnologías renovables para los participantes del sector en México. Así, los casi 100 nuevos actores, entre ellos, generadores privados de más de diez países que llegaron al país tras la reforma energética, las plantas de ciclo combinado, junto con la generación solar y los parques eólicos, seguirán enfrentando una demanda creciente.
No obstante los efectos de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica siguen suspendidos -debido al análisis actual de su constitucionalidad y a la espera de la resolución de la Suprema Corte-, existen numerosas áreas de oportunidad a lo largo de la cadena de valor a considerar. Por ejemplo, se tiende a contratar a proveedores calificados, ya que ofrecerían seguridad de precios en el sector eléctrico mediante contratos de cobertura eléctrica a largo plazo.
Asimismo, es relevante considerar la capacidad actual de generación de México. Hasta 2020, según la Alianza de Energía y Clima de las Américas, el 58.9% (cincuenta y ocho punto nueve por ciento) de la generación en México era de ciclos combinados, el 16.9% (dieciséis punto nueve por ciento) de otros combustibles fósiles, el 6.3% (seis punto tres) de eólica, el 4.3% (cuatro punto tres por ciento) de solar fotovoltaica, el 8.6% (ocho punto seis por ciento) hidroeléctrica y el 3.5% (tres punto cinco por ciento) nuclear.
Por otra parte, a pesar de la disminución del precio del petróleo durante la pandemia de COVID-19, durante mayo de 2021 la mezcla mexicana alcanzó el precio de 75 dólares por barril. El Fondo Monetario Internacional ha proyectado que la economía mexicana crecerá 5% (cinco por ciento) en 2021 y que creció 3% (tres por ciento) en 2020.
Lo anterior, sumado a la recuperación económica que se espera para el cuarto trimestre de 2021, mantiene abiertas las expectativas para el resurgimiento de las oportunidades de inversión en el sector energético en México. Aunque no en el sentido tradicional que surgió de la Reforma Energética de 2013, la evolución del sector, es una condición para la estabilización de la economía mexicana post-pandémica. Por ello, el sector privado y los grandes inversores están pendientes de la evolución del mercado mexicano para los próximos meses.
